Roberto V Maturana

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Notas periodisticas, de diversos medios graficos patagonicos, donde se puede entender claramente como se esta depredando el recurso icticola de nuestro mar. (obs: lo resaltado, es nuestro)

Roberto V. Maturana: la denuncia , depredación de merluza negra.

Dos inspectores de pesca habrían cobrado "coimas" para no denunciar pesca ilegal.

Un buque pesquero perteneciente a una empresa de Puerto Deseado capturó aproximadamente 223.000 kilos de ejemplares juveniles de merluza negra. Se sospecha que para atraparlos extendió las redes a una profundidad menor a 800 metros, hecho que está expresamente prohibido por una resolución nacional. Esto no fue denunciado por los inspectores a bordo del barco, por lo que una causa penal trata de establecer si ambos recibieron «coimas» para guardar silencio.

El fiscal de Puerto Deseado, Marcos Oliva Day, está reuniendo información para elevar una causa penal para que se investigue si dos inspectores de pesca cometieron el delito de cohecho (recibir «coimas»).

A través de una investigación realizada en los últimos días, El Patagónico pudo establecer extraoficialmente que se trataría de los dos inspectores que abordaron la embarcación «Veirasa Once», perteneciente a la empresa «Vieyra-Pescasur SA» de Puerto Deseado, que salió a pescar en la marea del 25 de mayo al 9 de agosto de este año.

El buque regresó al puerto de esa localidad después de extender sus redes frente a la Isla de los Estados, en la zona de la provincia de Tierra del Fuego.

Una de las derivaciones que tendría la causa -si es que la investigación se lleva a cabo por el juez competente- se relacionaría con una «histórica sospecha» sobre el trabajo que realizan a bordo de los buques algunos inspectores de pesca, según se dijo a este diario.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, el fiscal inició la causa el 24 de agosto pasado por la información enviada a su oficina en forma anónima y en la que se brindan elementos suficientes para investigar si se cometió el delito de «cohecho».

Si bien el fiscal se negó a proporcionar informes relacionados con el avance de la investigación, confirmó telefónicamente a El Patagónico la existencia de la misma.

En la «olla destapada» por esta denuncia anónima pudo comprobarse que el «Veirasa Once» capturó aproximadamente 223.000 kilos de ejemplares juveniles de merluza negra sobre un total de carga de 227.468 kilos. Estos datos fueron constatados en las actuaciones realizadas por la delegación de Pesca de Puerto Deseado que, además, habría presentado los correspondientes informes a la Dirección Nacional de Pesca.

¿Qué importancia tiene que el buque en cuestión haya arribado a puerto con ese cargamento?

La respuesta es que los «ejemplares juveniles» de merluza negra no llegan a tener un largo superior a 85 centímetros, que es cuando se considera científicamente que esta especie se desarrolla sexualmente y está en condiciones de reproducirse.

Es decir que todos los ejemplares menores a esta medida capturados ya no tendrían esta posibilidad, con lo que aumenta el peligro de desaparición de este recurso (tal como sucedió con la merluza común).

Por otra parte, el hábitat de los ejemplares juveniles se encuentra a una profundidad menor a los 800 metros.

Este dato, también, lleva a establecer que la captura de estos ejemplares se realizó a una profundidad menor a los 800 metros, tarea que está prohibida por la cuestionada resolución 68/2001 de la Dirección Nacional de Pesca dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que comanda el santacruceño Juan Ignacio Melgarejo.

El total de carga de merluza negra que llevó a puerto el buque «Veirasa Once» fue de 227.468 kilos, pero, según se estableció, unos 223.000 kilos eran de ejemplares juveniles de esta especie, por lo que se puede presuponer que cometió la infracción de pescar a menos de 800 metros de profundidad.

Pero, de acuerdo a los informes presentados por los inspectores de a bordo, el buque no cometió ninguna infracción.

Esto, para los especialistas, «es sospechoso porque, según aseguran todos los estudios científicos, no se pueden encontrar ejemplares juveniles de merluza negra a más de 800 metros de profundidad».

Esta información comprobada, los testimonios anónimos recogidos y otros elementos aportados a la causa caratulada «Agente fiscal sobre averiguación de delito», permiten iniciar la investigación judicial para establecer si los inspectores se hicieron los distraídos y en el momento de comprobar a qué profundidad se encontraban las redes estaban mirando un rollito de billetes verdes.

Inspectores denunciaron por amenazas a pesqueros.

Comodoro Rivadavia, 11 de septiembre (Télam).- Una docena de inspectores de pesca denunciaron hoy ante dos sindicatos de trabajadores del sector que las autoridades de los buques pesqueros los presionan para que no denuncien las capturas ilegales y cuando se niegan los amenazan "con tirarlos al agua en alta mar". "Entre hoy y mañana vamos a trasladar la denuncia de los inspectores de pesca a la Justicia porque las declaraciones son muy graves y deben investigarse" aseguró a Télam Claudio Martínez, representante del Sindicato de Trabajadores Fileteros. El dirigente señaló que la denuncia la realizará en forma conjunta con Marcelo Fernández, titular de la Asociación Marineros Patagónicos, la otra entidad receptora de la confesion de los inspectores.

La presentación de los inspectores ante las entidades gremiales se produjo despues que se anunció el inicio de una investigación por parte de un fiscal de Puerto Deseado sobre un presunto caso de cohecho (cobro de coimas) en el que habrían incurrido dos inspectores embarcados en el pesquero "Veirasa Once" de una empresa española. El caso alcanzó difusión a través de la publicación de un diario local en la cual se sostenía que los inspectores habrían recibido dinero a cambio de no denunciar que el buque pescó ejemplares jóvenes de merluza negra a menos de 800 metros de profundidad frente a la Isla de los Estados, en la provincia de Tierra del Fuego.

A partir de esta publicación trabajadores de la pesca, gremialistas y funcionarios comunales expresaron su desacuerdo con la inculpación de los inspectores señalando que el soborno es una práctica habitual de las empresas pesqueras para ocultar sus capturas ilegales. "Tenemos denuncias de compañeros que han subido a los barcos como inspectores u observadores, y que apenas se embarcan, ya tienen preparado un sobre con 4 ó 5 mil pesos de coima", puntualizó Martínez. "Si los inspectores u observadores quieren trabajar por derecha, automáticamente los amenazan con tirarlos al agua en alta mar, o los encierran en un camarote y nos lo dejan salir", añadió. "Después, el capitán del barco, pasa el parte que se le antoja sobre la situación del inspector u observador", enfatizó Martínez.

El dirigente afirmó que "en lo que va del año llevamos recepcionado unas doce denuncias de inspectores en los dos gremios". Martinez indicó que "hasta el momento las denuncias se habían hecho únicamente ante los sindicatos, por el gran temor que tienen esos compañeros, pero ahora logramos convencerlos y entre hoy mañana vamos a ir juntos a denunciar todo a la Justicia Federal". El gremialista prometió "salir a decir las cosas como son" pues aunque solamente este año acumularon doce denuncias "la cosa (irregularidades) viene de arrastre". Martínez justificó el miedo que sienten los inspectores "rodeados por más de veinte tipos" solos en alta mar y ante "la gravedad de las amenazas". El dirigente responsabilizó "a la provincia y la Nación, en ese orden" porque "la autoridad de aplicación no sirve para nada", y manifestó su esperanza de que la intervención de la justicia permita "terminar de una vez por todas" con esta situación y que "la autoridad de aplicación cumpla con su deber".

Inspectores de pesca denuncian que los quieren "tirar al mar".

Una docena de inspectores de pesca denunciaron ayer ante dos sindicatos de trabajadores del sector que las autoridades de los buques pesqueros los presionan para que no denuncien las capturas ilegales y cuando se niegan los amenazan "con tirarlos al agua en alta mar".

Vamos a trasladar la denuncia de los inspectores de pesca a la Justicia porque las declaraciones son muy graves y deben investigarse" aseguró a Télam Claudio Martínez, representante del Sindicato de Trabajadores Fileteros. El dirigente señaló que la denuncia la realizará en forma conjunta con Marcelo Fernández, titular de la Asociación Marineros Patagónicos, la otra entidad receptora de la confesión de los inspectores. La presentación de los inspectores ante las entidades gremiales se produjo después que se anunció el inicio de una investigación por parte de un fiscal de Puerto Deseado sobre un presunto caso de cohecho (cobro de coimas) en el que habrían incurrido dos inspectores embarcados en el pesquero "Vieirasa Once" de una empresa española.

El caso alcanzó difusión a través de la publicación de un diario local en la cual se sostenía que los inspectores habrían recibido dinero a cambio de no denunciar que el buque pescó ejemplares jóvenes de merluza negra a menos de 800 metros de profundidad frente a la Isla de los Estados, en la provincia de Tierra del Fuego A partir de esta publicación trabajadores de la pesca, gremialistas y funcionarios comunales expresaron su desacuerdo con la inculpación de los inspectores señalando que el soborno es una práctica habitual de las empresas pesqueras para ocultar sus capturas ilegales. "Tenemos denuncias de compañeros que han subido a los barcos como inspectores u observadores, y que apenas se embarcan, ya tienen preparado un sobre con 4 ó 5 mil pesos de coima", puntualizó Martínez."Si los inspectores u observadores quieren trabajar por derecha, automáticamente los amenazan con tirarlos al agua en alta mar, o los encierran en un camarote y nos lo dejan salir", añadió. "Después, el capitán del barco, pasa el parte que se le antoja sobre la situación del inspector u observador", enfatizó Martínez.

El dirigente afirmó que "en lo que va del año llevamos decepcionado unas doce denuncias de inspectores en los dos gremios".Martínez indicó que "hasta el momento las denuncias se habían hecho únicamente ante los sindicatos, por el gran temor que tienen esos compañeros, pero ahora logramos convencerlos y entre hoy y mañana vamos a ir juntos a denunciar todo a la Justicia Federal".El gremialista prometió "salir a decir las cosas como son" pues aunque solamente este año acumularon doce denuncias "la cosa (irregularidades) viene de arrastre". Martínez justificó el miedo que sienten los inspectores "rodeados por más de veinte tipos" solos en alta mar y ante "la gravedad de las amenazas".El dirigente responsabilizó "a la provincia y la Nación, en ese orden" porque "la autoridad de aplicación no sirve para nada", y manifestó su esperanza de que la intervención de la justicia permita "terminar de una vez por todas" con esta situación y que "la autoridad de aplicación cumpla con su deber

“Hay algo extraño en cuanto a las resoluciones que autorizaron la pesca de merluza negra” señaló el Fiscal Marcos Oliva Day.

Sobre las actuaciones realizadas y la marcha de la mismas, el Fiscal de Puerto Deseado Marcos Oliva Day, explicó que “ lo que hizo al principio fue verificar una denuncia anónima que recibió la Fiscalía a fines del mes pasado, en el sentido de que un barco de la empresa Vieira - Pescasur habría traído una gran cantidad de merluza negra, ejemplares que no alcanzarían la talla mínima que requiere la legislación actual para su captura”.

“La merluza negra es una especie altamente vulnerable ya que tiene un crecimiento muy lento, recién a los 9 o 10 años es madura sexualmente, es apta para reproducirse y ese estado lo alcanza cuando tiene alrededor de 0,90 a un metro de longitud. “Aparentemente estos ejemplares eran de una talla inferior.” señaló el Fiscal. Quién agregó “ lo que se hizo era requerir al Juzgado que iniciara los tramites urgentes de averiguación y confirmación de estos datos y a través de los informes que elevó a pedido del Juzgado la Dirección Nacional de Pesca, se comprobó con fotos incluidas el tamaño de los troncos de los ejemplares de merluza negra capturados, que eran muy inferiores a la talla permitida legalmente”. “ Teniendo en cuenta que la zona de captura fue cercana a la Isla de los Estados, una vez reunidas las pruebas la Fiscalía ha pedido que se remitan los actuados al Juzgado Federal de Ushuaia.”

Por su parte y considerando que hay algo extraño en cuanto a las resoluciones que autorizaron la pesca de esta especie con red de arrastre”, Oliva Day detalla “que esta forma de captura estuvo prohibida durante varios años y se permitía capturar la especie solo con anzuelos, en sistemas de palangres logrando así que los ejemplares menores no pudieran ser capturados, a razón de estos estudios realizados por el INIDEP, la Secretaría de la cual depende la Dirección de Pesca, muy recientemente cambió este criterio y autorizó la captura de la merluza negra con redes de arrastre, poniendo como condición que esta pesca se efectuara entre los 800 metros y a más de 1000 de profundidad de acuerdo a la latitud”.

“ Lo cierto es que el informe del INIDEP no fue científicamente interpretado o no fue realizado con la seriedad correspondiente o los inspectores no cumplieron para que las redes estuvieran a esa profundidad, ya que los resultados son que la captura de más de 200 toneladas es de ejemplares juveniles”.

Sobre las versiones que corren acerca de la amenazas que sufren los inspectores de pesca ante normalidades detectadas y en caso de no querer recibir la coima, Oliva Day señalaba que “ no hemos recibido denuncias en firme sobre eso y no hemos conseguido que nadie declare en ese sentido , ni que me digan específicamente en que casos ha ocurrido esto”.

También detalló que solicitó conocer “ la forma en que desde la Secretaría Nacional de Pesca se dictó esta resolución, ya que no se advierte que hayan participado en su dictado un organismo que la Ley Federal de Pesca considera fundamental y que hace a la comprobación de los recursos vivos del mar argentino como es el CFP”.

“El Vieirasa Once no cometió ninguna infracción” afirmó Mario Fanjul, de Pesca Nación, delegación Puerto Deseado.

Sobre el posible pago de coimas a Inspectores de Pesca en buques que operan desde Puerto Deseado, con el fin de permitir la captura de merluza negra juvenil, el delegado de Pesca Nación Mario Fanjul señaló firmemente“ que no se tienen pruebas que hubieran recibido coimas y por eso es un tema que no voy a tocar, ya que no puedo hablar sobre algo que no se”

Mario Fanjul confirmó las solicitudes del Fiscal Marcos Oliva Day que lleva adelante la investigación , detallando que se les solicitó por medio de un escrito las actuaciones realizadas por el Distrito, las que fueron entregadas en forma inmediata ya que todo lo hecho corresponde a una actuación de rutina.

Fanjul explicó que el buque Vieirasa Once pescó bajo una resolución que lo ampara para hacerlo, por eso no cometió ninguna acción que pueda ser ilegal, hay una resolución que los ampara para pescar así. “ De lo que si se puede dudar es sobre el tamaño de la merluza capturada, si era adulta o no, pero como lo que bajan no es un ejemplar entero, se puede dar presunción a simple vista, pero no se tiene ninguna norma que indique que es ilegal”. “ Las actuaciones se elevan a la Dirección Nacional de Pesca y desde allí siguen su camino al INIDEP, para determinar, de acuerdo a muestras realizadas, la talla de los ejemplares que se capturaron”,sostuvo.

“El barco Vieirasa Once de bandera argentina, esta amparado por una resolución vigente, y no pescó con artes ilegales en ningún momento” comentó el Delegado de Pesca Nación en la nota, agregando que los inspectores involucrados en este asunto de las coimas no son de Puerto Deseado

Ese oscuro mundo de las inspecciones en la pesca

El mismo subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Ignacio Melgarejo, calificó como «obsoleto» el sistema de control sobre la actividad pesquera en la entrevista exclusiva que publicó días atrás El Patagónico. Su interpretación, la de la máxima autoridad nacional sobre Pesca, enmarca el inconmensurable enriedo de sospechas sobre el sistema de control que, tanto las autoridades de cada una de las provincias portuarias como del Gobierno nacional están obligadas a ejecutar con la lógica premisa de proteger un recurso que pertenece y debe ser explotado en provecho del conjunto de la población, según estipula la Constitución Nacional.

Una de las tantas ventanas de la página que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación posee en internet promete al usuario toda la información concerniente a «controles e inspección».

Pero esta subpágina aún «se encuentra en construcción», como se advierte en la pantalla al instante de oprimir el ícono correspondiente.

Pero la curiosa aparición de este cartel, sumada a la información que este diario obtuvo entre fuentes oficiales —comprobando el estado de incomunicación reinante entre las dependencias provinciales y las nacionales— y fuentes reservadas, revela un cuadro de situación que se condice con la calificación de Melgarejo.

Chubut no posee inspectores propios, sólo observadores, que no poseen las facultades para impedir a bordo de cada buque ningún tipo de ilícito, sea el descarte del by catch, la captura de especies juveniles, el trasbordo de cargas o de combustible —actividad frecuente para extender la permanencia en alta mar—, el ingreso a zonas de veda, la extensión de los lances en más tiempo que lo estipulado, etc.

La actividad de los observadores se acota a la función —meramente científica— de dar cuenta sobre qué tipo de especímenes son capturados en qué zonas, con la finalidad de que Provincia establezca restricciones, por ejemplo, para aquellas donde los langostinos conviven con cardúmenes juveniles de merluza común y la actividad de los buques tangoneros podría coadyuvar con la crisis del recurso.

Y en el caso de Santa Cruz, la obsolescencia del sistema, en parte posible de explicar por el escaso nivel de preparación de los inspectores, reluce en una situación paradigmática.

Las retribuciones que reciben los inspectores de Santa Cruz las abonan las empresas que ellos mismos deben controlar.

Esto explica, en parte, por qué el grueso de los inspectores que en el Golfo San Jorge se desempeñaban para la Dirección Nacional de Pesca hoy lo hacen para Provincia de Santa Cruz, junto al hecho de que los inspectores nacionales cobraban mal y tarde.

Pero esto, que a simple vista bordea los límites de la legalidad, fue convenido por el gobierno de Néstor Kirchner con las empresas, y así, al final de cada marea, el inspector, como cualquier operario, recibe en la pesquera un cheque por el monto que resulta del total de los días en que estuvo embarcado multiplicado por los 70 pesos en que se fijó la retribución por jornada.

Una empresa que anualmente obtiene ganancias aproximadas a los 54 millones por la exportación de langostinos acepta costear el salario de aquellos que «controlan» su propio accionar: los inspectores que, en teoría, trabajan para el Estado provincial en resguardo de los intereses que éste representa. ¿A cambio de qué? es la pregunta que nadie contesta oficialmente sin alimentar sospechas.

Un inspector otrora de Nación hoy de Provincia de Santa Cruz dijo a El Patagónico: «me cansé de ser un idiota útil, yo sé cómo negociaban mis actas».

Su frase refiere otra arista del malogrado sistema de control e inspecciones. Al desembarcar, este inspector hacía llegar sus partes de pesca, donde consta la información referida a cada lance, cada captura, a la delegación de la Dirección Nacional de Pesca que tiene competencia sobre el puerto en que realizó su desembarco, la de Comodoro en el caso de esta ciudad, de Camarones y de Caleta Paula (Caleta Olivia).

Esta delegación no posee la facultad para iniciar un sumario administrativo en caso de constatar contradicciones entre los datos suministrados por el inspector y el capitán del buque.

Su acción se reduce al envio de esta documentación a Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Pesca, donde el departamento de legales debería iniciar las acciones correspondientes. Pero: «yo sé cómo negociaban mis actas», fue lo que dijo el mencionado inspector a este diario, dando cuenta sobre una de las sospechas referidas por otras tantas fuentes de El Patagónico: los expedientes, las actas que no se «dibujan» a bordo de los buques bajo el poder conciliatorio de la coima, «desaparecen» al llegar a Buenos Aires.

«La actividad pesquera está permanentemente ligada a casos de corrupción», dijo a este diario Melgarejo, utilizando el término «permanentemente» en suplencia de uno que, a la luz de las pocas certezas existentes, podría sonar más correcto: «sistemáticamente».