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Señor Presidente: EL INFORME UBA - AGN - PRUEBAN LA ILEGALIDAD EN PERMISOS DE PESCA

El informe que se cita es producto de una evaluación exhaustiva que se ha realizado en el ámbito de la administración pesquera nacional en lo referente a permisos de pesca desde el año 1975 al 2000.

El informe requerido y costeado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el propio Consejo Federal de Pesca, en el cual una comisión de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires concluye que la participación de funcionarios y empresas pesqueras en actos anómalos llevaron a una profunda depredación de los recursos naturales del litoral marítimo nacional.

El servicio de auditoria que la Facultad presta también para empresas del sector privado, le significó a la administración pública un gasto superior a los 300.000 dólares pero lo mas raro es que algunos investigadores y personas que ayudaron a dilucidar el trabajo recibieron amenazas durante y después de la auditoria, y mas extraño aun es que el informe final no se publico y aún permanece guardado por las autoridades.

El otorgamiento de permisos de pesca en favor de un proyecto sin que estuviese inscripto el propietario en los registros; la resolución de actos administrativos sin dictamen jurídico previo; el empleo de la figura de "complemento de bodega" para ampliar la capacidad de pesca de los buques, sin que existiese una norma que lo autorizara; transferencia de permisos en favor de embarcaciones que fueron desafectados de la flota nacional y hasta reservas "in eternum" de permisos de unidades siniestradas, entre muchas otras cosas, son algunas de las graves irregularidades encontradas en el periodo que va desde 1991 al 2000.

No estamos hablando de un daño simplemente al ecosistema por la depredación indiscriminada que se permite sino que la mayorías de esos permisos son otorgados a través de triangulación para la explotación de empresas de la Comunidad Económica Europea gracias al sistema de charteo y a ley Nº 24.315 que reafirma el acuerdo pesquero comunitario, en detrimento de la industria pesquera nacional mediana y chica y favorece la situación legal de grandes buques factorías que pertenecen a firmas pesqueras con facturaciones de alrededor de 70 millones de dólares al año.

No considero claro el porque del supuesto ocultamiento de la investigación, pero para tener una visión mucho mas acabada de la situación, es que solicito que se de una solución fehaciente a este daño depredatorio a los recursos, violando el art 1 de la Ley federal de Pesca como el Art 41 de la Constitución Nacional. Siendo que esto repercute de manera directa en los intereses económicos de la Patria y en los sectores sociales dependientes de ella.

La Nación debe de manera inmediata dar de baja los permisos de pesca ilegales haciendo extensivo el fallo de la Procuraduría del tesoro de la Nación de fecha 11 del febrero del 2003 -Nº 709 y cuantificar el daño sobre el recurso de estos años de pesca depredatoria por parte de quienes obtuvieran los permisos certificados como ilegales. El continuo austismo exprofeso del Consejo Federal Pesquero y autoridades Nacionales nos han llevado al estado actual de los recursos y estar bajo una emergencia en el recurso merluza comun.

Por lo expuesto solicito se tomen las medidas inmediatas para corregir fehacientemente este proceder e impulse las acciones judiciales hacia quienes nos dañaran desaprensivamente, solicitando la Nación la indemnización por los daños a los armadores y la Comunidad Europea por la violacion del acuerdo ley 24315. hacia los Funcionarios y empresarios responsables firmantes de documental que en una clara asociación ilícita contra la Patria y los recursos nos postraran en esta realidad de crisis, que de no ser reparada de manera inmediata provocara en no largo tiempo el cierre del caladero Nacional para el recupero de sus especies y biodiversidad toda.