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No se la
acusa de producir armas de destrucción masiva ni por el momento
integra el llamado "eje del mal". Y ninguno de sus
gobiernos – el de Cuba incluido – representa una amenaza para
los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Además,
las dictaduras militares genocidas promovidas por Washington en los
años 60, y 70 ya no existen, con lo cual el pretexto de una invasión
y ocupación con propósitos "libertadores" queda
descartado. Sin embargo, América Latina está (nuevamente) en la
mira del poder estadounidense. Primero, como espacio geo-económico
para la expansión del capital trasnacional. A más largo plazo por
la abundancia de tres de los recursos estratégicos que, según
varios pensadores, constituirán el botín de las guerras del siglo
XXI: el petróleo, el agua (reconocido como tal por un documento del
Banco Mundial) y la biodiversidad.
 Disfrazada
como parte de "la guerra contra el terror" desde que las
antiguas organizaciones guerrilleras colombianas fueron incluidas en
la "lista negra" que encabezan las huestes de Bin Laden, y
la pacífica comunidad musulmana de la Triple Frontera (TF), que
comparten Argentina, Brasil y Paraguay, identificada como una base
de operaciones y apoyo del fundamentalismo islámico, la campaña
neo-colonialista está en marcha en sus diferentes pero
complementarios cursos de acción.
ALCA
El más
conocido y de carácter más estratégico – en la medida en que
fue diseñado mucho antes de los atentados del 11 de septiembre del
2001 – es la iniciativa estadounidense para la conformación de
una Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Con el
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México
como plataforma de lanzamiento, ALCA es un intento por consolidar
e institucionalizar la hegemonía económico-financiera y política
de Estados Unidos en todo el continente, suprimiendo acuerdos
regionales como el MERCOSUR y estableciendo un bloque hemisférico
en el que Washington se reserva el derecho de decidir quién queda
afuera (Cuba), cuáles de sus sectores productivos y sociales
(inmigración) quedan vedados y de qué manera las economías de los
países subordinados deben garantizar el libre ingreso de
trasnacionales, mercancías y capitales estadounidenses.
Su entrada en
funcionamiento – prevista para el 2005 – le permitiría a la
hiper-potencia mundial, que actualmente participa en un 20 por
ciento del comercio mundial, liderar un bloque por donde pasaría un
31 por ciento del intercambio global de bienes y servicios.
Aunque ni
temporal ni formalmente está asociada a la nueva doctrina de la
"guerra preventiva" después de las invasiones de Afganistán
e Iraq y las amenazas contra Siria, Irán y Corea del Norte, entre
otros, esta iniciativa adquiere una nueva dimensión y contiene
nuevos retos para la soberanía de los países latinoamericanos y su
existencia misma como estados independientes. Porque si en el siglo
pasado se abolió la soberanía nacional en materia de
Derechos Humanos y puso en cuestión los derechos nacionales sobre
el medio ambiente, el nuevo indica – al menos esa parece ser su
tendencia – que el poder estadounidense está decidido a no
reconocer otra soberanía que la propia a escala global, máxime en
el que tradicionalmente considera como su "patio trasero".
Separatismo
Mientras
impulsa un proceso de integración (re-colonización) hemisférica, Estados
Unidos estaría promoviendo o estimulando diferentes procesos
secesionistas en América Latina con el secular propósito de
"dividir para reinar".
Según Horacio
López, coordinador del capítulo argentino de la Asociación para
la Unidad de Nuestra América (AUNA) una de las principales categorías
operativas de esta estrategia es la de los "espacios sin
gobierno" o "áreas sin ley". Entre ellas se
encontraría el corredor de Tabatinga-Leticia, en la frontera entre
Brasil y Colombia; la zona de Lago Agrio, entre Ecuador y Colombia y
la selva del Darien, en Panamá, además de todo el territorio de
Surinam.
Un trabajo
de los venezolanos Luis Britto García y Fermín Toro se refiere a
las dos modalidades separatistas alentadas por el poder
estadounidense: la llamada "dura" que impulsaría la
desagregación lisa y llana de una parte de un territorio nacional,
bajo la bandera de la autonomía e independencia. Tales serían los
casos, entre otros, de la región venezolana de Zulia (rica en
yacimientos de petróleo) y de la Patagonia argentina.
Refiriéndose
a este último, en la edición del 27 de agosto del 2002 del New
Yok Times un tal Larry Rother escribió que "Neuquen es
el centro de un agitado y creciente movimiento para separar esta
región del extremo sur de Sudamérica, rica en petróleo y
minerales, del desastre económico del resto de Argentina"
y más adelante opinó: "el antiguo resentimiento hacia
Buenos Aires se ha intensificado y la autonomía política, la
integración regional y hasta la secesión son hoy discutidas
abiertamente como posibles soluciones. Una Patagonia independiente
sería una nación escasamente poblada, pero próspera". Y
remató el artículo – López no duda que "por encargo"
– mostrando la hilacha: "la región cuenta con casi la
mitad del territorio nacional, la mayor parte de sus fuentes de agua
dulce y de energía hidráulica y el 80 por ciento de su petróleo y
gas".
En este mismo
sentido una ignota "Junta Promotora de la Independencia
Patagónica" difunde en una página web (www.repubikpatagonik.com.ar)
una declaración de "independencia", supuestamente
aprobada por los pueblos de la región, entre lo que – no debe
perderse de vista – existe un alto porcentaje de ciudadanos
chilenos.
La modalidad
"blanda", por su parte, consistiría en potenciar el poder
de los grupos dominantes locales para minar la capacidad de los
estados nacionales para coordinar e implementar políticas
administrativas, económicas, sociales o culturales.
López
considera como "blando" el intento de unificación de los
poderes provinciales de Rió Negro y Neuquen, en el sur argentino,
"con el pueril pretexto de achicar los gastos administrativos.
Dentro de este esquema de categorización no queda muy claro dónde
se ubicaría el traspaso de la propiedad de enormes extensiones de
tierras en manos extranjeras y las iniciativas para convertir este
proceso en un instrumento de la política económica estatal.
En marzo del
2002 una tan llamativa como misteriosa encuesta interrogó a los
pobladores de la también patagónica provincia de Chubut sobre su
disposición a canjear deuda externa por tierras de la región o de
la Antártida argentina. Y un año más tarde el diario Liberation
(4 de marzo del 2003) y el semanario Nouvelle Observateur (dos días
después) trasladaron el debate a Francia.
Por otra
parte, son de público conocimiento las compras de cientos de miles
de hectáreas de la Patagonia (en ambos lados de la frontera con
Chile) por personajes como Douglas Tomkins. Soros, Benetton y
Turner, entre otros.
Menos públicos
son los intentos de privatizar el Banco de la Nación Argentina y
el Banco de la Provincia de Buenos Aires, propietarios de unos 15
millones de hectáreas cultivables como producto de hipotecas
impagas y quiebras de miles de pequeños y medianos productores
agropecuarios. Obviamente, en caso de concretarse tales
privatizaciones, sus beneficiarios – casi con certeza extranjeros
- serían automáticamente dueños de esas tierras.
Entre
menemistas y no menemistas, también existe la sospecha de que en
caso de que el ex presidente Carlos Menem – el mayor depredador de
los recursos nacionales que registra la historia argentina –
regrese a la "Casa Rosada" (sede del Ejecutivo) como
resultado de las elecciones del 27 de este mes, considerara
seriamente la posibilidad de canjear deuda externa por tierras u
otros bienes naturales.
El
componente bélico
Los
primeros centros de espionaje (además de las antiguas embajadas),
bases militares y unidades de reconocimiento ya operan en la región
bajo las ordenes del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos.
En Colombia
– con el beneplácito del Estado nacional – oficiales
estadounidenses conducen las operaciones contrainsurgentes y
supervisan el uso de los recursos financieros y bélicos aprobados
por el Capitolio para ese país.
En Ecuador el
Gobierno del ex presidente Jamil Mahuad entregó a Washington
la Base Aérea de Manta en la costa noroeste, que rápidamente quedó
reconvertida en una plataforma para extender el control aéreo
("Detection, Monitoring and Tracking", en español Detección,
Control y Seguimiento) del Comando Sur sobre toda la región.
En Brasil las
autoridades nacionales tienen vedado el acceso a los componentes más
"sensibles" del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM)
que está montando la corporación Raytheon. Y toda la información
obtenida será desviada a la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA y
el Pentágono antes de que llegue a manos del Gobierno y las Fuerzas
Armadas brasileños.
En la Triple
Frontera (TF), donde convergen los territorios de Argentina, Brasil
y Paraguay, "operan oficiales estadounidenses de enlace con las
fuerzas de seguridad de los tres países", admitió públicamente
en marzo de este año Curtis Strable, subsecretario de Estado de
EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental. El argumento –
nunca probado -: la TP sería un reducto de terroristas islámicos.
Mientras
tanto, la República Argentina, tal vez por la magnitud de su crisis
interna, las "relaciones carnales" con Washington durante
la década de los años 90 (los dos sucesivos gobiernos de Carlos
Menem) y la debilidad actual de su Estado, parece haber sido elegida
como la principal cabecera de puente de los marines norteamericanos.
Violaciones
de la soberanía y la Constitución
Según
medios locales como el programa televisivo "Día D" y la
revista "Veintitrés", a lo largo del 2001 y todo el 2002 se
produjeron ingresos ilegales – violando el artículo 75 de la
Constitución Nacional que prescribe una autorización previa del
Congreso Nacional– de tropas estadounidenses en varias
provincias de este país: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos,
Misiones y Salta. Para realizar ejercicios propios o para
realizar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas argentinas y de
otras naciones sudamericanas.
En algunos
casos el Gobierno de Eduardo Duhalde – el mismo que ante la
proximidad de las elecciones presidenciales, adoptó un
discurso duro contra el unilateralismo estadounidense – facilitó
la ilegalidad y clandestinidad de tales operaciones solicitando la
autorización del Congreso después que estas se consumaron. En
otros, el mandatario y su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena,
simplemente negaron su existencia. Según vecinos y hasta el alcalde
de la localidad de Mazaruca, en la provincia de Entre Ríos, Angel
Tramontin, quien conserva notificaciones oficiales de la llegada de
las tropas, entre agosto y noviembre del año pasado efectivos de la
infantería de marina de los Estados Unidos ("marines")
realizaron maniobras en esa zona fluvial. Con el argumento de que
los entrerrianos se equivocaron porque "es imposible
diferenciar los uniformes de los "marines" del de los
infantes de marina argentinos", Jaunarena desmintió la
información. Sin embargo, no explicó por qué los testigos
presenciales confundieron los colores y el diseño de las banderas
que los infantes llevaban en sus uniformes y embarcaciones.
También,
entre junio y septiembre del 2002 paracaidistas norteamericanos se
ejercitaron en la norteña provincia de Salta. Coincidentemente,
Marcos Díaz Muñoz, corresponsal del canal de televisión
"Todo Noticias" informó que en la localidad saltena de
Tartagal "marines" vestidos de civil y simulando ser
operarios de las refinerías petroleras multinacionales existentes
allí, custodiaron las instalaciones y los caminos de acceso durante
las protestas populares realizadas en el lugar.
El Gobierno
argentino fue, inclusive, más allá del encubrimiento. El 4 de
diciembre pasado presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto
de ley para otorgar privilegios e inmunidades a las tropas
extranjeras. El texto es, prácticamente, una copia de la solicitud
para poner a sus soldados a salvo de la Corte Penal Internacional y
del Tratado de Roma – del que Argentina es firmante y Estados
Unidos no -que el Gobierno de George W. Bush le hizo llegar por
medio de su embajada en Buenos Aires.
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