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Fuente: diario “Los Andes”, Mendoza
Fecha: 18 de Marzo de 2002
El fiscal de Estado recorrerá los campos de los malayos
Recorren el Sur para ver qué compraron los malayos
Verónica Gordillo vgordillo@losandes.com.ar
La venta de 250 mil hectáreas de tierra malarguina a empresarios malayos sigue generando conflictos. Ahora, un particular reclama una porción del terreno, que asegura compró en 1991.
Para arrojar luz al problema el fiscal de Estado, Pedro Sin, recorrerá hoy la zona y verificará cuántos puesteros viven sobre las tierras adquiridas por los malayos.
La venta, que primero se vivió como todo un acontecimiento, se empañó a los pocos días cuando los legisladores recibieron denuncias de que entre los campos había tierras fiscales.
Se especula que los malayos compraron de buena fe, por lo que todos señalan a los antiguos dueños de las tierras como los causantes de los errores. Estos acarrearon dos problemas: por un lado vendieron terrenos fiscales y por el otro algunos privados aseguran que les vendieron a ellos mucho antes que a los asiáticos.
Con los terrenos fiscales hay dos inconvenientes. El primero es la superposición de títulos, es decir que hay un punto del terreno donde los privados delimitaron su tierra sobre una parte de la del Estado. El segundo es la inclusión de terrenos fiscales, es decir que los antiguos dueños aumentaron sus hectáreas con terrenos fiscales.
El problema de la superposición se da en tres lotes del barrio La Junta, que son 733 hectáreas. El Estado los adjudicó a vecinos y después los compraron los malayos. El dueño de uno de los lotes -de apellido Maya- inició un reclamo judicial y los asiáticos le pagaron en la etapa de conciliación. Por eso, se cree que las otras dos familias correrán la misma suerte.
El problema de la inclusión de terrenos se da en 18 mil hectáreas del campo conocido como Los Quemados, que también se vendieron a los malayos. Ahí viven 7 puesteros que son los legítimos dueños de las tierras, ya que están protegidos por la ley de arraigo.
El intendente, Celso Jaque, aseguró que los puesteros tienen garantizados sus derechos por ley y que la idea es apurar la mensura y la escrituración de las tierras. Para esto, tanto el Gobierno como los legisladores deben poner en marcha los mecanismos para que finalmente se concrete la expropiación y se acredite a los lugareños como los únicos dueños.
El reclamo privado
A los conflictos con los terrenos fiscales se suman los reclamos privados. Ayer el empresario agrícola Carlos Alguacil dijo a Los Andes que 1.309 hectáreas de las que adquirieron los malayos ya le fueron vendidas en 1991.
Alguacil le compró las tierras a Teresa Albertini de Vera Ocampo y a Carmen Mascarello Atucha de Fraga. En el plano de mensura las tierras aparecen a nombre de Antonio Rabazini y Alberto Alberti, porque eran los primeros dueños.
Alguacil explicó que después de la compra intentó concretar la escritura de las tierras, pero eso fue imposible porque los dueños tenían embargos que nunca pagaron.
Por esto, el empresario inició un juicio de escrituración en el juzgado federal de San Rafael.
Cuando se enteró de la venta a los malayos realizó un trámite de oposición a la mensura y envió cartas documento a los abogados de los antiguos dueños por vender y escriturar a nombre de terceros.
Alguacil aseguró que los malayos pagaron un anticipo de 500 mil dólares, con lo que los dueños cancelaron el embargo. Y que por eso la escritura de las tierras se hizo sin problemas.