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Fuente: diario “Los Andes”, Mendoza

Fecha: 16 de Marzo de 2002

 Malargüe: la Fiscalía investigará la venta de tierras a malayos.

Ivana González y Daniela Larregle igonzalez@losandes.com.ar 

 "Las tierras son nuestras", afirmó categóricamente el intendente de Malargüe, Celso Jaque. El jefe comunal se refería nada menos que a una parte de los terrenos adquiridos por malayos en ese departamento donde hoy más de 500 pobladores que viven gracias a la agricultura y ganadería. 

El jefe comunal no dudó un instante y defendió con uñas y dientes su tierra pero principalmente su gente: “Las hectáreas donde se encuentra un sector del barrio Colonia Las Juntas pertenece a la gente, y el lugar donde viven los puesteros son terrenos fiscales, se trata de unas 18 mil hectáreas”.  

Pero la polémica no sólo se desató en el sur. El oscuro caso de la compra de 250 mil hectáreas en Malargüe por parte de un grupo inversor malayo comenzará a ser investigado por la Fiscalía de Estado y en los próximos días llegará en la Cámara de Diputados de la Nación. 

El caso se transformó en un escándalo cuando se hizo público que las tierras, que ahora pertenecen a malayos, incluyen una zona de 1.000 hectáreas que son propiedad del Estado provincial donde se encuentran pozos de petróleo, una escuela, un pueblo y lugares turísticos como el pozo de las Ánimas y Valle Hermoso. Como si esto fuera poco, los planos que aprobó Catastro tiene serias irregularidades en la medición de las tierras.  

Esta situación no fue una novedad para muchos. René Chaumont, nexo entre los antiguos dueños y la empresa compradora, reconoció -al igual que el intendente malargüino- que la superposición de los planos de mensura existe y que está en litigio en la Justicia Federal desde hace tiempo. Aunque la cantidad de tierras que se encuentran en los estrados federales difieren: para Jaque son 733 hectáreas, mientras que para Chaumont se trata de 1.300. 

Tranquilidad para la gente 

“Cuando los malayos se enteraron del problema, decidieron que no iban a litigar con la gente del barrio. Es más, quieren incrementar el número de viviendas para que haya más gente que trabaje en la zona”, explicó Chaumont. 

La situación será distinta para los 40 puesteros del lugar. “Pueden estar tranquilos y seguros. Mientras cumplan el contrato podrán permanecer en el lugar”, expresó Chaumont. En dicho acuerdo legal, que cumple las normas de arrendamiento rural, sólo se piden 2 obligaciones: cumplir con el canon y no saturar el puesto con exceso de hacienda para no perjudicar las tierras.

 Uno de los máximos responsables de las irregularidades de planos es el agrimensor Hugo Gil de la delegación sur de Catastro. Él fue quien autorizó los planos donde se desprenden las irregularidades. “Es un error del agrimensor no verificar planos anteriores”, adujo Chaumont.

Gil se limitó a decir que “soy un agrimensor que firmó un plano y el director de Catastro -Jorge Martínez- se encargará de aclararlo mediante una nota”.

 El escrito de Martínez dice que Catastro estaba al tanto de las superposición pero argumenta que “este es un conflicto que debe resolver la Justicia y no es competencia nuestra”. 

Mientras, el juicio continúa. En diciembre del año pasado se realizó una reunión de conciliación en el Juzgado Federal, de la que participó el Fiscal de Estado Pedro Sin. Allí la fiscalía abrió un expediente de investigación para aclarar el problema de superposición pero nunca llegó al final de la cuestión. En ese entonces se llegó a un acuerdo: comprarle a Mohamed Yamil Maya -propietario por ocupación veinteañal- los terrenos por los que había presentado una oposición a la mensura.

 El lunes, el senador Irusta , el Fiscal de Estado Pedro Sin, su adjunto Joaquín de Rosas y el intendente Celso Jaque, viajarán a San Rafael y visitarán el Juzgado Federal y las tierras malayas.

Por su parte el diputado del PD Gustavo Gutiérrez presentará en la Nación un pedido de informe para aclarar la autorización que realizó Gendarmería Nacional para la venta de terrenos que limitan con Chile. Nadie entiende por qué esta operación se hizo en Buenos Aires.

 

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