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Fuente: diario “Los Andes”, Mendoza
Fecha: 15 de Marzo 2002
Polémica por la compra de los malayos
¿Los malayos compraron tierra fiscal en el Sur?
La compra de 250 mil hectáreas en Malargüe por parte de un grupo inversor malayo genera muchas dudas. Es que la operación incluyó tierras que son propiedad del Estado provincial y otras que son reclamadas por puesteros de la zona por permanencia en el lugar, según se desprende de informes oficiales.
“Hay algunos aspectos que nos dejan mal olor”, dijo sobre el particular el senador demócrata Julio Irusta, quien aseguró que la comisión profundizará el estudio del tema para establecer si la compra se hizo dentro de la legalidad.
Al decir del legislador, los informes de los funcionarios de la Dirección Provincial de Catastro, de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, dejaron “muchas dudas”.
Los terrenos fueron adquiridos en dos operaciones inmobiliarias. Una, referida al campo El Alamo, de 145 mil hectáreas, -de las cuales sólo 137 mil se encontraban con títulos de propiedad- y otro terreno, denominado Laguna Blanca, de 105 mil hectáreas,que no tiene objeciones.
¿Son malayos?. De acuerdo con la escritura traslativa de dominio, los terrenos fueron adquiridos por la firma “Nieves de Mendoza SA”, cuyo presidente es Carlos Alfredo Nogueira Martearena. Pero en Malargüe se presentó como el comprador el empresario malayo Pakiri Arumugam. “No sabemos qué estuvieron haciendo en el lugar el primer ministro de Malasia y gente de esa nacionalidad”, dijo Irusta, quien agregó que “quizás habría que preguntarle sobre el tema a ese señor Martearena que compró los terrenos”.
Lotes fiscales. Entre las tierras adquiridas, hay una superposición con títulos fiscales. Un ejemplo es el caso del pueblo Colonia Las Juntas (en el que inclusive existe una escuela). Aproximadamente 770 hectáreas incluidas en la operación son propiedad del Gobierno de Mendoza. Por lo que existiría una irregularidad en la aprobación del plano por parte de la Delegación Zona Sur de la Dirección de Catastro.
Una oposición. Cuando fue adquirido el terreno, un hombre llamado Mohamed Yamil Maya presentó una oposición a la mensura. Maya era propietario por ocupación veinteañal.
Puesteros protegidos. También dentro de la compra figuran terrenos en los que vivían más de 40 puesteros protegidos por la Ley de Arraigo, por lo que también debió intervenir la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Zona de Seguridad. Siempre de acuerdo con lo informado por el senador Irusta, las tierras se encuentran dentro de la denominada Zona de Seguridad (límite con Chile) por lo que debió intervenir el Ministerio del Interior para autorizar la operación. “Pero en Gendarmería dicen no saber nada”, dice Irusta.
Abogado compartido. Según Irusta, durante su exposición el agrimensor que participó en la venta (de apellido Gil) dijo que allí iban a plantar 16 mil hectáreas con olivos. “Cuando le preguntamos cómo lo sabía, dijo que se lo había dicho su abogado, quien a la vez es el abogado de la empresa compradora. Además, el agrimensor tiene una denuncia penal por haber modificado unos planos de mensura en San Rafael”, aseguró.
Compra y venta. Irusta dijo también que los campos eran de propiedad de una familia desde 1904 y lo vendieron en 2000. Un año después, los campos volvieron a ser vendidos. “Esto nos llama poderosamente la atención”, indicó.
Autorizaciones. Para que la venta pueda realizarse, debe existir una autorización de parte de las esposas de los compradores. Llamativamente, esas autorizaciones se realizaron en Uruguay, según expresó el senador.