El
sector minero presiona para cambiar la ley de áreas protegidas. Pablo Icardi picardi@losandes.com.ar
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Las áreas naturales protegidas de la provincia ahora le interesan a algunos
empresarios. Pero no con objetivos conservacionistas. Empresas mineras de
Argentina y extranjeras presionan y hacen gestiones para poder explorar y
explotar terrenos en algunas de las reservas naturales de la provincia.
Un grupo de geólogos también presentó una propuesta y el tema es analizado en
la Legislatura. Para ello quieren modificar la ley provincial 6.045, que regula
el uso y manejo de las zonas protegidas y, entre otras cosas, prohíbe la
explotación minera.
Algunas de las reservas que están en el ojo de los empresarios son el parque
provincial Tupungato, la Payunia y particularmente la zona de la Laguna del
Diamante.
La iniciativa no es exclusiva del sector privado. La Dirección de Minería de
la provincia también impulsa la propuesta. Argumentan que el aprovechamiento de
los yacimientos que hay en las 13 áreas protegidas generaría divisas para la
provincia. Ya se elaboró una comisión que estudia cómo hacer para conseguir
su objetivo.En la discusión participan legisladores, funcionarios y
empresarios.
Según aseguran quienes defienden la iniciativa, la conservación no se
contrapone con la explotación minera. Pero el tema promete traer polémica. Y
remite al debate generado por la explotación petrolera en la laguna de
Llancanelo, cuya Declaración de Impacto Ambiental aprobó el Gobierno (tema que
aún debe definir la Corte Suprema).
Desde la Dirección de Recursos Naturales dicen que tienen que estudiar las
propuestas pero que hay zonas que son innegociables. Mientras tanto se entregan
permisos de cateo (exploración) en el perímetro de alguna de las reservas y
parques.
Simultáneamente, el sector minero procura frenar las iniciativas en marcha para
ampliar algunas áreas protegidas.
Oro a la vista
En la zona de la Laguna del Diamante (San Carlos), por ejemplo, se cree que
puede haber oro, plata y sobre todo cobre. Por eso ya hay entregados más de 20
permisos de cateo, en la zona de influencia de la mayor reserva de agua en
estado líquido de la provincia. La zona también es rica en materiales útiles
para la construcción.
Actualmente los terrenos donde se explora están en el límite de la reserva
(cuyas tierras pertenecen al Ejército). Pero si prospera la proyectada ampliación
del área protegida, varias explotaciones quedarían dentro del nuevo perímetro
(ver aparte).
El director de Minería, Juan Fallet, apoya la iniciativa de explorar la zona.
“La minería es una fuente importantísima de riqueza y no se puede dejar de
lado, a futuro es la actividad que más puede crecer. Hay que saber que es una
actividad que no necesariamente contamina. Existe un código de defensa del
ambiente y eso se debe respetar. Además no se puede pretender proteger todo”,
dijo Fallet, que se manifestó en contra de ampliar reservas.
A partir de la devaluación y con la incipiente mejora industrial, el sector
minero de Mendoza experimentó un fuerte repunte, de entre 30 y 50%, basado en
minerales no metalíferos.
El proceso de explotación es largo. Primero se debe explorar y sacar las
proyecciones de inversión y potenciales ganancias, etapa que dura de 2 a 10 años.
Mientras tanto se requiere presencia en el lugar y estudios que pueden afectar
el medio ambiente. “Ante la menor sospecha de que hay algo, sacan permiso de
cateo. Después lo venden a las grandes empresas”, contó un ambientalista.
“Tenemos que estudiar lo que quieren y vamos a recibir las propuestas. Pero
hay sectores que son intocables”, dijo Leopoldo León, director de Recursos
Naturales Renovables
